Siquiera por estética, esa “Justicia superior”, como la definía Flaubert, el cabecilla de la banda y marido de la Infanta, Urdangarín, debería ser tratado como se acostumbra con la mayoría de delincuentes sin relación con la realeza, y es que quedarse con casi 20 millones procedentes de fondos públicos en tiempos de Matas (Baleares), bajo la tapadera de un “Observatorio de Turismo y Deporte”, no es moco de pavo.
Condenado por tráfico de influencias, prevaricación y malversación de los caudales de todos, no se le retiró sin embargo el pasaporte —a diferencia de su compinche Diego Torres—, y obtuvo el permiso para seguir residiendo en Suiza “con la obligación de comunicar cualquier desplazamiento fuera de la Unión Europea” a la que ese país, por cierto, no pertenece. (???). ¡Átame esa mosca por el rabo!, podríamos exclamar porque, para dificultar aún más si cabe lo de apresar a la dichosa mosca, ahí no termina todo.
Tras ser condenado —junio de 2018— a 5 años y 10 meses de prisión y en consecuencia encarcelado, dos meses después (Agosto) se le concede ya el Segundo grado por parte de Instituciones Penitenciarias, lo que le permitirá disfrutar de permisos de salida a partir de diciembre de 2019 y tras haber cumplido una cuarta parte de la pena, aunque se publica hace pocos días que pretende acogerse al llamado “Programa Individualizado de Tratamiento” y pasar ya la próxima Navidad en casita.
Habría menos que objetar de emplearse parecidos criterios con otros presos/as, pero no ha sido el caso, por citar uno, de María Antonia Munar, con 14 años a sus espaldas y que ha debido pasarse más de 5 entre rejas antes de un primer permiso lo que, si no me fallan las cuentas, es algo más que la cuarta parte del total. Por no hablar de tantos sin Segundo grado por robar y no estar emparentados con la Monarquía. Visto lo visto, no sería exagerado concluir que, en este país, sin duda democrático, mal que les pese a algunos, la Justicia sigue necesitada de papel higiénico. Y el cuñadísimo es sólo un ejemplo más.
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