Crisis de gobernabilidad y vacío de poder en México

Pensamiento Crítico.

Por María Luisa Arredondo…

Palacio nacional de México. Los Pinos. Residencia oficial del presidente de la República de México

INTRODUCCIÓN

Los primeros dos años y medio de la presidencia de Enrique Peña Nieto han superado con creces los pronósticos más pesimistas de quienes le auguraban un rotundo fracaso, como el extinto escritor Carlos Fuentes, quien advirtió que  Peña no merecía llegar a Los Pinos por su evidente ignorancia.

Hoy la realidad nos muestra que efectivamente el gobierno de Peña Nieto es un verdadero desastre, pero no sólo por su ignorancia, sino por su incompetencia, su deshonestidad y falta de sensibilidad para atacar los problemas nacionales. Encuesta tras encuesta revela que los niveles de desaprobación hacia su mandato van en franca caída. Un reciente sondeo de Reforma, por ejemplo, señala que casi el 60% de los mexicanos está en desacuerdo con su gestión. Y ante la proximidad de las elecciones intermedias, que serán el 7 de junio, crece cada vez más el movimiento que pide la revocación del mandato de Peña Nieto.

Las razones del descontento social son muchas pero hay tres que considero fundamentales: la primera es la situación económica del país debido no sólo a que las expectativas de crecimiento son mucho menores a las que se esperaban sino a que el sistema no permite la movilidad social.

La segunda es la escandalosa corrupción e impunidad con que operan no sólo el gobierno federal sino prácticamente toda la clase política del país.

Y finalmente la tercera, que a mí me parece es la más escalofriante, es el fracaso total para combatir al crimen organizado, aunado a la violación sistemática de los derechos humanos de muchas personas que han sido torturadas, amenazadas, silenciadas e incluso asesinadas por atreverse a protestar contra el régimen.

1. ECONOMÍA

En el plano económico el gobierno de Peña Nieto arrancó en diciembre de 2012 supuestamente con el pie derecho al lograr en un tiempo récord la aprobación de varias reformas estructurales que a su juicio eran indispensables para impulsar la marcha de la economía, entre ellas la educativa, la hacendaria, la de telecomunicaciones, y la más polémica de todas, la energética porque permite abrir las áreas de exploración y explotación del petróleo a los inversionistas extranjeros, un derecho que antes sólo estaba reservado a Pemex.

Gracias a la aprobación de estas reformas y a una millonaria campaña de relaciones públicas en medios internacionales, varias publicaciones, entre ellas la revista Time e incluso  la prestigiosa The Economist consideraron a Peña Nieto como el reformador que necesitaba México para dar el salto hacia el primer mundo.

Sin embargo, estos pronósticos súper optimistas se derrumbaron por el inesperado desplome del precio del petróleo, que pasó de $117 por barril en junio del año pasado a poco más de $55 por barril en la actualidad.

Debido a que los ingresos por la venta del petróleo representan el 33 % del gasto público, el impacto de la caída del combustible ha sido devastador. Inicialmente se esperaba que el país creciera a una tasa anual del 5% pero ahora las expectativas se han reducido a  sólo un 3%.

Durante 2015, es probable que el daño se amortigüe hasta cierto punto porque el gobierno adquirió una cobertura petrolera que asegura en 76.74 dólares el precio del barril.

Pero a partir de 2016, se espera que los problemas económicos se agraven porque ya no habrá coberturas. Para enfrentar la situación, el gobierno ha subrayado que no aumentará impuestos, pero sí recortará el gasto público.

Aunque los problemas están a la vista de todos,  el gobierno federal insiste en que la situación mejorará y es cuestión de tiempo que se vean los frutos de las reformas estructurales. Como ejemplo de las fortalezas de México cita el tipo de cambio flexible, el bajo nivel del déficit, las grandes reservas internacionales, la línea de crédito frente al FMI y el fortalecimiento de la industria automotriz.

Sin embargo, lo que el gobierno no menciona es que el reto más grande al que nunca se ha logrado dar respuesta adecuada es la histórica desigualdad que hay en México.

A pesar de los programas de ayuda social que se han implementado en los últimos años, el número de pobres sigue en franco aumento. Mientras que en 2010 existían 52.8 millones de personas en situación de pobreza, para 2012 esta cifra subió a 53.3 millones de los cuales 20 millones están en pobreza extrema, es decir, prácticamente sin tener que comer. Muchos otros, como lo vimos en las recientes protestas de los jornaleros de San Quintín sobreviven con salarios de hambre y en condiciones laborales por demás injustas, en campos infestados de ratas, a menudo sin camas, sin baños y sin agua potable. Y todo esto ante la indiferencia gubernamental.

Al mismo tiempo, ha crecido el número de multimillonarios, es decir, de magnates que tienen más de mil millones de dólares. En 2013 la cifra era de 22 personas pero el año pasado subió a 27, lo que nos habla de un sistema que permite de manera escandalosa la excesiva concentración de la riqueza en unas cuantas manos, lo que definitivamente puede ser una bomba de tiempo pues el descontento social es cada día más evidente.

1.- SEGURIDAD

En materia de seguridad, Peña Nieto dijo al inicio de su mandato que se iba a enfocar principalmente en tratar de reducir la violencia en vez de atacar a las organizaciones criminales como su antecesor Felipe Calderón y propuso crear una policía militarizada con más de 40 mil efectivos bajo un mando único.

Sin embargo, estos esfuerzos han sido un rotundo fracaso. Hasta ahora, las cifras de muertos y desaparecidos  durante la gestión de Peña Nieto son muy superiores a las que dejó Calderón.

Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desparecidas, en los primeros 22 meses del sexenio de Peña Nieto desaparecieron 9 mil 384 personas, lo que equivale al 40% de los 23 mil 272 casos de desapariciones del sexenio de Calderón. Es decir, que si entre  2007 y 2012, años en los que gobernó Calderón, desaparecieron seis mexicanos al día; entre 2013 y 2014, en el de Peña Nieto desaparecieron más del doble: 13 al día.

Por lo que se refiere a los muertos, el gobierno de Peña Nieto también ha superado al de Calderón. Durante el sexenio pasado, de manera oficial se estima que hubo 70 mil muertos, aunque algunos creen que la cifra fue de más de 100 mil. Pero en lo que va del gobierno actual, el número supera ya los 60 mil muertos.

Aunado a estas cifras escalofriantes, durante el gobierno de Peña Nieto se han cometido gravísimas y evidentes violaciones a  los derechos humanos por parte de las autoridades de todos los niveles: locales, estatales y federales, como lo demuestran, por citar solo tres de los ejemplos más conocidos, los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa y ahora de Apatzingán.

A) TLATLAYA

En el caso de Tlatlaya, en donde  el 30 de junio de 2014 murieron 22 civiles y un soldado resultó herido, inicialmente el Ejército y la PGR dieron la versión de que se había tratado de un enfrentamiento entre narcotraficantes y soldados. Pero gracias a una investigación de la revista Enquirer y de la agencia AP se descubrió que en realidad los militares a cargo del operativo hicieron un uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza que derivó en la ejecución extrajudicial de al menos 12 de las personas que fallecieron.

El problema de fondo aquí es que elementos de la  Secretaría de la Defensa Nacional, que involucran incluso a dos generales, intentaron por todos los medios esconder esta verdad y para ello alteraron pruebas, mintieron, amenazaron y torturaron a sobrevivientes de la matanza e impidieron que peritos independientes inspeccionaran la zona del crimen.

Esta práctica, desafortunadamente, no es un caso aislado, como lo han reportado varias organizaciones defensoras de derechos humanos entre ellas Amnistía Internacional, Human Rights Watch e incluso la ONU y la OEA.

Aunque la culpabilidad del Ejército ha sido ya demostrada por un grupo de trabajo de  la Cámara de Diputados  que investigó el caso, falta ahora que la PGR nos  informe sobre los avances de las investigaciones de los militares bajo custodia.

1.- B) AYOTZINAPA

Y cuando creímos que con el terrible escándalo de Tlatlaya ya habíamos visto lo peor del gobierno mexicano, surgió otro que lo supera con creces, el de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.

Este caso ha generado una indignación social sin precedentes, ha provocado que el gobierno de Peña Nieto pierda credibilidad total no sólo dentro del país sino en el exterior y es una de las principales razones que ha impulsado el movimiento ciudadano que pide la destitución del presidente.

Como seguramente muchos de ustedes han leído, la versión oficial indica que el 26 de septiembre, decenas de normalistas fueron perseguidos y atacados por policías municipales de Iguala, por órdenes del entonces alcalde José Luis Abarca y su esposa. Según la Procuraduría General de la República, los policías llevaron a los jóvenes a su cuartel y de ahí, con ayuda de agentes de Cocula, los trasladaron a Pueblo Viejo, donde presuntamente los entregaron al grupo delictivo Guerreros Unidos. El gobierno federal afirma que los jóvenes fueron asesinados y que sus cuerpos fueron incinerados, aunque hasta ahora, con la excepción de un solo caso, la PGR no ha podido demostrar con pruebas de ADN que los restos hallados pertenezcan a los jóvenes desaparecidos.  Lo que todos nos preguntamos es entonces de quiénes son los cuerpos encontrados, pues desde que se inició la búsqueda por los estudiantes de Ayotzinapa, se han descubierto docenas de fosas clandestinas en  Guerrero.

Tanto los familiares de los estudiantes como millones de ciudadanos dudan de la versión oficial y muchos creen que el Ejército estuvo implicado directamente en la desaparición de los jóvenes.

Esta creencia se basa en testimonios de varios

sobrevivientes del ataque que afirman que soldados del Batallón 27, que tiene su base de operaciones en Iguala, los agredieron y tomaron parte activa en la detención de los normalistas.  Un reportaje de la revista “Proceso”, basado en testimonios, videos y declaraciones judiciales, asegura que el ataque contra los estudiantes no fue una idea impulsiva de Abarca para impedir que los jóvenes boicotearan un acto político de su esposa sino parte de un plan dirigido a eliminar la estructura ideológica del plantel donde estudiaban los normalistas que, desde su fundación en 1926, se ha caracterizado por su ideología de izquierda y en contra del gobierno.

El reportaje de Proceso señala también que la versión oficial tiene numerosas inconsistencias, entre ellas que resulta difícil de creer que todos los jóvenes hayan sido cremados en un basurero. Los científicos  Jorge Antonio Montemayor de la UNAM y Pablo Ugalde de la UAM sostienen que es imposible incinerar al aire libre  43 cuerpos con unas cuantas llantas y maderos  y creen que lo más factible es que hayan sido cremados en hornos del Ejército.

Hay quienes aseguran también que incluso la fatídica noche en que supuestamente ocurrió el crimen estuvo lloviendo a cántaros. A ello se agregan las numerosas evidencias sobre los nexos tan cercanos que existían entre Abarca y los altos mandos del Batallón 27 del Ejército, cuyo cuartel se ubica frente a un gran centro comercial propiedad del exalcalde. Incluso se sabe que la Secretaría de la Defensa Nacional le donó a Abarca el terreno donde se erige esa plaza.

Pese a todas estas evidencias, el reportaje de Proceso, como era de esperarse, ha sido descalificado por el gobierno que se ha empeñado en cerrar el caso con su versión oficial, por lo que se ha cancelado ya toda posibilidad de diálogo con los padres de los desaparecidos que continúan en la lucha por encontrar a sus hijos.

C) APATIZGAN

Hace unos días, el gobierno de Peña Nieto se volvió a cimbrar con otro nuevo escándalo, el de la matanza de Apatzingán. Los hechos ocurrieron el pasado 6 de enero cuando decenas de civiles desarmados que hacían un plantón en el centro de esa ciudad fueron atacados por policías federales. Se trataba en su mayoría de jóvenes de la Fuerza Rural de Michoacán que habían ido a protestar con familiares y simpatizantes al Palacio Municipal porque el entonces comisionado para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, los había despedido 20 días antes, no les había pagado y además sus comunidades estaban nuevamente bajo la amenaza de los templarios. Cabe destacar que ninguno de los manifestantes llevaba armas largas ni hizo disparos. En el ataque por lo menos 16 perdieron la vida y muchos más resultaron lesionados.

Al otro día de la matanza, el comisionado Alfredo Castillo aseguró a la prensa que los hechos habían sido producto de “un fuego cruzado” entre los guardias rurales de ese estado y que el saldo había sido de un atropellado y ocho muertos.

Sin embargo, gracias a la investigación de la reportera Laura Castellanos, basada en fotografías, videos y  testimonios de 39 personas, hoy sabemos que se trató de una infame mentira,  una vileza más del gobierno mexicano en contra del pueblo al que supuestamente debe proteger.

Al igual que en Tlatlaya y en Iguala, los hechos ocurridos en Apatzingán nos confirman que el modus operandi del gobierno mexicano es enfrentar a quienes perciba como obstáculo o enemigo de cuidado por medio de las ejecuciones extrajudiciales y luego mentir diciendo que los muertos fueron víctimas de un enfrentamiento con la policía o con el ejército o bien, como en este último caso, que cayeron abatidas por fuego amigo.

CORRUPCION Y CONFLICTOS DE INTERÉS

Por otra parte, prácticamente no hay semana en la que el gobierno de Peña Nieto no se vea sacudido por un nuevo escándalo de corrupción o conflicto de interés.

Primero fue el asunto de la Casa Blanca que la esposa del presidente, Angélica Rivera, compró a un importante contratista del gobierno federal. Después fue el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien también adquirió una casa en condiciones muy favorables en Malinalco y está en entredicho si el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong adquirió también una residencia en las Lomas a un contratista del gobierno.

En todos estos casos, los implicados han negado haber hecho algo ilegal. Desde su óptica todos estos manejos son perfectamente normales puesto que los políticos mexicanos siempre se han servido del poder público para su beneficio personal,  no están acostumbrados a la rendición de cuentas ni ven problema alguno en enriquecerse o sacar provecho personal de sus cargos políticos, algo que en cualquier democracia moderna se considera como un conflicto de interés.

Sin embargo, como la indignación social ha sido tan fuerte, el presidente se vio obligado a anunciar que se iniciaría una investigación sobre el posible conflicto de interés en la compra de propiedades.

Pero lo hizo de manera por demás tramposa pues  le encargó la investigación a Virgilio Andrade, un amigo de él que depende directamente de las órdenes presidenciales.

Hasta ahora no hemos sabido nada del avance de estas investigaciones y lo más probable es que queden en el olvido.

CONCLUSIÓN

En conclusión, la mayoría de los mexicanos ha perdido totalmente la esperanza de que el gobierno de Peña Nieto pueda cambiar. El presidente, como bien lo dijo la revista The Economist no entiende que no entiende. Ha dejado pasar todas las oportunidades que se le han presentado para enmendar el rumbo y, en lugar de ello, tanto él como su gabinete siguen incurriendo en errores gravísimos de corrupción, violaciones de derechos humanos y falta total de conexión con la realidad del país.

Por otra parte, llama la atención la pasividad de los partidos de oposición. Sus críticas hacia el gobierno de Peña Nieto no pasan de ser alharacas sin trascendencia. Y en gran medida ello se debe a que, sin excepción, todos están manchados por hechos de incompetencia y corrupción.

Finalmente, creo que aunque la batalla por recuperar el país de los malos gobiernos será muy larga y costosa, hay esperanza porque muchos mexicanos están luchando e incluso arriesgando su vida para cambiar las cosas. Y me refiero, en primer lugar, a la gran cantidad de periodistas valientes y arrojados que, sin importarles el riesgo que corren, se atreven a denunciar los atropellos y abusos de la clase política. También hay que reconocer a los intelectuales independientes que aportan ideas y análisis que sirvan de guía para enderezar el país y, sobre todo, a los millones de mexicanos que por diversos medios han alzado su voz para protestar contra las injusticias y excesos no sólo del gobierno de Peña Nieto sino de todos los políticos que  quieren tener hundido en el atraso, la ignorancia y la miseria a México.

[Esta ponencia sobre la crisis mexicana y el vacío de poder fue enviada

por la autora especialmente para Palabra Abierta]

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