Política. Historia. Sociedad. Economía. Crítica.
Por Roberto Álvarez Quiñones.
Demandan a compañías de EE.UU. tras activación del Título III de la Ley Helms-Burton. Foto Ricardo Quintana.
“Quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón”, pero quien lucra con algo robado se mete en problemas con la justicia. Son dos cosas distintas.
Es lo que sucede ahora al activarse el título III de la Ley Helms-Burton. Los empresarios extranjeros, que han estado lucrando en Cuba con negocios basados en propiedades robadas por Fidel Castro a sus legítimos dueños, tienen problemas con la justicia.
Demandar ante cortes estadounidenses a empresas extranjeras que hacen dinero en Cuba con propiedades que fueron confiscadas sin pagarles un centavo a sus dueños es un acto de justicia. Por cierto, creo que tardó mucho tiempo en llegar, pero llegó. Al fin se cumple aquello de que “el que la hace, la paga”.
Castro I nunca debió arrebatarles sus propiedades a los hombres de negocios en la isla. No eran contrabandistas dueños de compañías mafiosas, fraudulentas, ni lavaban dinero sucio. Todo lo contrario, constituían la espina dorsal de una de las economías más pujantes del continente americano.
Lo que el caudillo jefe del “Gobierno Revolucionario” debió hacer fue presentar leyes y facilidades fiscales para el incentivo y apoyo a la inversión en la empresa privada cubana.
No es justo que como han pasado tantos años hoy pocos quieran oír hablar del atropello de que fueron víctimas nuestros padres y abuelos, que tenían negocios hasta que les cayó encima la plaga comunista. Les quitaron, manu militari, sus propiedades, incluyendo las viviendas con todo adentro, sus ahorros, su derecho a la jubilación, y fueron compulsados a abandonar la patria que ellos hacían más próspera cada día.
A mi padre le expropiaron el pequeño edificio de apartamentos que compró 3 años antes con el dinero de la venta de la finca que heredaron él y sus hermanos de su mamá, mi abuela, que a su vez lo había heredado de su papá, mi bisabuelo. Y dice luego Ricardo Alarcón que los expropiados eran todos ladrones.
El Saratoga fue uno más de los bienes confiscados por Fidel Castro en 1959, pero tras el colapso de la Unión Soviética, Cuba tuvo que buscar inversores extranjeros, a los que volvió a expropiar el hotel en 2011. Tomado de AmericaTV. Puerto Rico.
Precisamente, con ese robo de propiedades fue que el nuevo régimen sovietizante paró en seco el desarrollo socioeconómico que venía ocurriendo en la isla, al punto de que en nivel de vida Cuba se había situado por delante de España, Portugal, Grecia y otros países europeos, incluyendo casi todos los del Este comunista.
Al expropiar a la “burguesía” el dueto estalinista Fidel Castro-Che Guevara mató la gallina de los huevos de oro. De unos de los tres países latinoamericanos con mayor ingreso per cápita (junto con Argentina y Uruguay) Cuba pasó a ser una de las naciones más pobres de las Américas, con una cartilla de racionamiento de alimentos que ya cumplió 56 años y es una vergüenza a nivel mundial.
Cómplices de abusos incalificables
Como es también una vergüenza que la Unión Europea, en este caso específico encabezada por España y también Canadá, se opongan a que se haga justicia. No solo eso, los empresarios europeos y canadienses en Cuba son cómplices del despojo, por parte de la dictadura, de hasta el 95% del salario en divisas de los trabajadores cubanos que laboran en sus empresas radicadas en la isla. El régimen les prohíbe contratar a sus propios empleados para que sea el Estado el que se los provea y así poder succionarles abusadoramente las divisas.
Ello viola los derechos laborales vigentes en el mundo civilizado. Esos hombres de negocios ante todo quieren explotar la mano de obra más barata del continente, la cubana si se exceptúa ahora la de Venezuela. El salario mensual promedio en Cuba es de 30 dólares, y en Haití es de 77 dólares, más del doble, según el Banco Mundial.
Tales atropellos son impensables en los países de esos empresarios, pero ellos los consideran normales y bienvenidos si ocurren en Cuba. Si un gobierno europeo, o el de Canadá, se comportase como el de Raúl Castro y lucrase con propiedades robadas y les quitase sus salarios a los trabajadores se armaría un escándalo a escala global y sería sancionado duramente, desde la ONU hacia abajo.
Pero ello ocurre en Cuba y a su régimen dictatorial se le apoya, se le agasaja y hasta se le pretende defender ante los tribunales. A propósito, los empresarios extranjeros en la isla no tienen garantía alguna de que a ellos no les pueda pasar lo mismo que a sus colegas de hace 60 años. El gobierno cubano de entonces es el mismo de hoy.
Campaña de miedo
Como era de esperar, el castrismo ha montado una campaña mediática de miedo en la isla. Dice a las familias que serán desalojadas de sus viviendas, o que los cuentapropistas perderán sus negocios porque sus locales serán reclamados por sus antiguos propietarios.
Falso. Esta no es una ley cubana para devolver propiedades, casas o títulos de propiedad. Es una ley estadounidense que otorga el derecho a demandar (por daños y perjuicios) a empresarios extranjeros que utilizan propiedades robadas a sus dueños.
Pueden ser reclamadas empresas que explotan propiedades no residenciales que tenían un valor superior a los 50 mil dólares cuando fueron confiscadas, o grandes residencias de más de 50 mil dólares de entonces que fueron entregadas a jerarcas del régimen y sus familiares. Por ejemplo, la mansión amurallada de Mariela Castro, hija del tirano, y la de su nieta “Vilmita” en Miramar, que ella alquila por $650 dólares por noche, sí podrían ser demandadas cuando cese la tiranía en la isla.
Ya se han presentado importantes demandas en EE.UU.: la de la familia heredera del puerto de cruceros de Santiago de Cuba contra la compañía de cruceros Carnival; la del gigante mundial petrolero Exxon-Mobil contra la Unión Cuba-Petróleo (CUPET); y otra contra la Corporación CIMEX. Hay más en camino.
Pero nadie en EE.UU. podrá reclamar o demandar a una escuela, policlínico u otros centros de educación y salud pública en la isla, porque los Castro nunca han permitido inversión extranjera en las áreas de Educación y la Salud Pública.
Con respecto a las amenazas de la Unión Europea y de Canadá de ir a los tribunales para defender los intereses de sus empresarios en Cuba es cuestionable la efectividad que ello pueda tener. Ciertamente la UE y Canadá disponen de leyes que protegen los intereses de sus empresarios e impiden reconocer o ejecutar en Europa, o Canadá, decisiones judiciales como consecuencia de la ley Helms-Burton.
Se asociaron con el ‘partner’ equivocado
Pero es que estamos ante empresarios que lucran, a sabiendas, con propiedades que no fueron legalmente adquiridas, sino confiscadas injustificadamente por el Estado, su único socio en el país. ¿Bajo qué ética o derecho razonable se puede defender a quienes trafican con propiedades robadas?
Los abogados de los demandantes tal vez podrían demostrar que no hay jurisprudencia para proceder, que no hay antecedentes judiciales para defender en los tribunales a quienes se enriquecen con negocios robados. Sin duda los posibles demandados se asociaron con el partner equivocado: un régimen delincuencial que además se apropia del salario en divisas de los trabajadores.
Por eso no parece que las advertencias de la comunista y procastrista italiana Federica Mogherini, jefa de la diplomacia europea, vayan a detener a EE.UU., a no ser que Washington se eche para atrás, cosa poco probable con la Administración Trump.
Además, con independencia de un embrollo de leguleyos, en general el volumen de negocios de los posibles demandados es de poca monta comparado con el que pudieran tener con EE.UU. o en otros países normales, y sin tener que compartir sus ganancias con el Estado comunista cubano. Los inversionistas deben estar más interesados en hacer negocios con EE.UU. que con la depauperada Cuba. La gente pragmática no se pelea con el cocinero. Los posibles litigios legales les pueden costar más dinero a los demandantes que el que podrían ganar en la isla.
Estoy convencido de que antes de ir a los tribunales no pocos de los demandados preferirán llegara a acuerdos con sus demandantes para pagarles compensaciones. Y se hará justicia igualmente.
Quienes tienen más motivos para estar preocupados son Raúl Castro y sus militares a cargo de la economía isleña. Solo la posibilidad de los engorrosos y costosos litigios con EE.UU. va a ahuyentar a inversionistas que ya operan en la isla, o que pensaban hacerlo.
Moraleja: el que con ladrones se junta que se atenga a las consecuencias. La justicia tarda, pero llega.
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