Un país que, en los últimos tiempos, se ha convertido en recurso para cualquier alegato. Sin embargo, lo obvio es que Venezuela alberga hoy una sociedad dividida, sumida en las penurias y enfrentada a un incierto futuro. Es la campeona mundial en suspensiones de pagos, con una de las mayores tasas mundiales de inflación y su índice de delincuencia convierte un paseo por la capital —y hablo por propia experiencia— en aventura de alto riesgo. El régimen de Maduro ejemplifica la banalización del desastre, sin que la oposición, que ganó las elecciones por una abrumadora mayoría de dos tercios, consiga, pese al empeño que pone, revocar un mandato chavista que podría prolongarse hasta 2019 si las plegarias del Papa —reciente interlocutor del aún presidente— llegan a buen puerto.
En semejante marco, las vergonzosas maniobras de Nicolás Maduro y sus turiferarios tienen mucho de abyección. Entre otras lindezas, ha prohibido la salida del país a ocho líderes de la oposición tras acusarlos de haber cometido fraude en la recogida de firmas para pedir su cese, ignorando el clamor masivo de la ciudadanía en dicho sentido. Pero las paradojas no terminan ahí.
Como muchos recordarán, las revueltas callejeras contra su mandato, en 2014, se saldaron, según datos publicados, con 43 muertos y más de 900 heridos. No ha cesado desde entonces la violenta represión policial y Leopoldo López, el dirigente de Voluntad Popular (una de las organizaciones que promovieron entonces la contestación social), se halla por tal motivo y desde hace más de dos años en prisión, acusado de haber encabezado una asociación para delinquir.
Pero la manipulación del régimen no termina ahí. Hace pocas semanas, Diosdado Cabello, afín a Maduro y expresidente de la Asamblea Nacional, hoy en manos de la oposición, anunciaba que López podría enfrentarse a un nuevo proceso judicial como instigador del asesinato de esos 43 fallecidos; la mayoría, como se sabe, a resultas de la acción de los cuerpos de seguridad del estado bolivariano.
No fue precisamente López el autor material de las muertes o quien auspiciara la brutal reacción de los uniformados, pero así está la ley por aquellas latitudes, sin que quepa afirmar que en Venezuela la justicia vale hoy menos que el papel de vater. Más que nada porque no lo hay y es preciso echar mano de los periódicos —todos afines al mandatario. ¡faltaría más!— para lo que imaginan. Deduzco que muchos lo harán con sumo gusto y en lugar de leerlos.