Periodismo. Política. Crítica.
Por Jesús Hernández Cuéllar…
Donald Trump. Foto tomada de Flickr.
El impeachment es un proceso de destitución de altos cargos políticos que se usa en el derecho anglosajón, específicamente en Gran Bretaña, Estados Unidos y Puerto Rico. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes, integrada por 435 miembros, tiene que definir si hay mérito para juzgar a un funcionario. Si lo hay, el Senado se encarga de llevar a cabo el juicio. Desde la fundación del país se han realizado 14 procesos de este tipo, y solamente cuatro recibieron un fallo condenatorio. De todos los casos, solo dos fueron presidentes, Andrew Johnson en 1868, y Bill Clinton en 1998-99. Ambos fueron absueltos. Richard Nixon también vivió la etapa inicial de su impeachment, pero el proceso se interrumpió cuando Nixon renunció a la presidencia en 1974 y fue perdonado por el presidente Gerald Ford, que lo sustituyó en el cargo.
Cada vez más se habla de la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sea destituido de su cargo a través del impeachment. La mitad de todo esto surgió por la posibilidad de que el mandatario haya obstruido el curso de la justicia al supuestamente pedirle al ex director del FBI, James Comey, que dejara de lado una investigación federal sobre la posible intromisión de Rusia en las elecciones de 2016. La otra mitad es un gran deseo del lado demócrata de que el díscolo, atípico e impredecible Donald Trump sea castigado y separado de la Casa Blanca.
El día 9 de mayo (2017), Trump despidió a Comey de su cargo. Según fugas de información citadas por medios norteamericanos, en un encuentro que el mandatario sostuvo con Comey, le habría pedido a éste que abandonara la investigación sobre las presuntas relaciones del ex asesor de seguridad nacional Michael T. Flynn con el embajador ruso, Sergey Kislyak, y otras personalidades de Rusia. El lugarteniente general Flynn fue obligado a renunciar al cargo, hecho ocurrido el 13 de febrero (2017), luego de haber sido acusado de mentir al vicepresidente Mike Pence sobre esas relaciones. El 30 de marzo, Flynn ofreció prestar testimonio ante el Senado sobre sus supuestas relaciones con Rusia a cambio de inmunidad, pero la cámara alta rechazó su oferta.
El 27 de abril la oficina del inspector general del Departamento de Defensa reveló que había una investigación en marcha para saber si Flynn había aceptado dinero de gobiernos extranjeros sin el debido permiso. El 8 de mayo, la entonces fiscal general en funciones, Sally Yates, dijo al subcomité de Crimen y Terrorismo del Comité Judicial del Senado que Flynn había sido entrevistado por el FBI y ella había comunicado a la Casa Blanca que el retirado general era susceptible de “ser chantajeado por los rusos”. Flynn, sin embargo, tiene un largo historial de afiliación demócrata, y creció en una familia con fuertes vínculos con el ahora partido de oposición. Aun con esos lazos, el entonces presidente Barack Obama habría advertido a Trump, en su primera reunión tras la victoria electoral del magnate, de su “profunda preocupación” por el hecho de que Flynn fuese nombrado a un alto cargo vinculado a la seguridad nacional.
En mayo de 2017, la cadena CNN divulgó informes de que los servicios de inteligencia de Estados Unidos habían interceptado conversaciones de los rusos, las cuales indicaban que Flynn era “un aliado de Rusia y que podían usarlo para influir en las elecciones” de Estados Unidos. Las fuentes anónimas de CNN habrían sido funcionarios del gobierno de Obama. Estas conversaciones revelarían que las relaciones del general con los rusos se habrían desarrollado a lo largo de 2016, meses antes de otro suceso importante. En diciembre de 2016, Flynn habría sido grabado durante una conversación con el embajador ruso en Washington. En esa plática, según las fuentes de la CNN, el general habría prometido a Kislyak, con quien tenía una relación desde junio de 2013, que el gobierno de Trump vería con buenos ojos la decisión de Moscú de no tomar represalias por las sanciones impuestas a Rusia tras la invasión de Ucrania. Al día siguiente, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que su país no tomaría represalias. Flynn también habría dicho a Kislyak que Trump revisaría las sanciones económicas que Washington había impuesto a Moscú desde 2014, por la agresión a Ucrania y la ocupación de la península de Crimea.
Durante todo el tiempo, la Casa Blanca ha declarado que no hubo confabulación alguna entre los líderes de la campaña de Trump y representantes del gobierno de Rusia.
De ser ciertos todos estos vínculos de Flynn con los rusos, la información real estaría en manos del FBI y seguramente de la CIA. Por su parte, Comey declinó primero una invitación a declarar en el Comité de Inteligencia del Senado, pero en la segunda mitad de mayo accedió a dar su testimonio. Demócratas y no pocos republicanos de la cámara alta quieren saber exactamente si es cierto que Trump le pidió a Comey que abandonara la investigación sobre los lazos de Flynn con los rusos, y si es cierto que el mandatario le pidió “lealtad” al policía de alto rango y éste le habría ofrecido solamente “honestidad”, tras lo cual Comey fue despedido. Y de ser cierto todo esto, Trump podría ser acusado de obstrucción de la justicia, delito por el cual fueron sometidos a juicio los presidentes Andrew Johnson en 1868 y Richard Nixon en 1974. Johnson fue absuelto. Nixon renunció a la presidencia. Bill Clinton fue sometido a un proceso similar por mentir bajo juramento. También fue absuelto.
Para que se produzca un proceso de impeachment, el Congreso necesita dos cosas: tiene que estar convencido de que verdaderamente se cometió un delito; y debe tener la voluntad política de enjuiciar al presidente.
El impeachment es un proceso largo y complejo que puede comenzar con la simple propuesta de un miembro de la Cámara de Representantes. En tal caso, la propuesta pasa por lo general al Comité Judicial de ese cuerpo legislativo, cuando se trata de una acusación específica. Pero cuando hay que investigar para definir el tipo de delito sujeto a impeachment, el caso podría pasar primero al Comité de Reglas y más tarde al Judicial. Si este último considera que hay mérito para abrir un proceso de destitución, tiene entonces que redactar los artículos propios de la acusación, y el documento final tendría que ser aprobado por mayoría del comité y entregado a los líderes de la cámara.
La Cámara de Representantes puede aprobar un proceso de esta naturaleza por mayoría simple, y entregar el caso al Senado. Cuando este último recibe la notificación, fija una fecha para que los líderes de la cámara presenten el caso ante un grupo selecto de senadores. Cuando se abre el juicio político, miembros de la cámara baja actúan como fiscales del caso, y el acusado tiene derecho a ser defendido por su abogado. Los senadores que participan en el proceso, deben prestar juramento de que actuarán con honestidad y diligencia. Después de escuchar el caso, el Senado entra en un proceso de deliberaciones que comúnmente se lleva a cabo en privado, antes de decidir si el acusado es culpable o inocente. Para que éste sea declarado culpable, de acuerdo con la Constitución, las dos teceras partes del Senado tienen que haber votado en esa dirección.
Con una declaración de culpabilidad, el acusado es destituido de su cargo automáticamente.
De manera que Trump no podría ser destituido por pasar casi los dos períodos de Obama en la Casa Blanca diciendo que el mandatario no había nacido en Estados Unidos. Ni por decir, sin presentar pruebas, que Obama ordenó espiar su campaña electoral. Ni por acusar a los medios de fabricar noticias falsas. Ni por denigrar la categoría de héroe del senador republicano John McCain, que pasó cinco años prisionero en Vietnam donde fue torturado. Ni por decir que todo lo anterior a él fue un “desastre”, y que todo lo que ha hecho hasta ahora es “fabuloso”. Ni por perseguir inmigrantes indocumentados, sean criminales o no. Ni tampoco podría ser destituido porque durante sus primeros 100 días de gobierno el crecimiento económico del país haya sido de un debilucho 0.7%, ni por el hecho de que el gasto del consumidor, que representa el 70% de toda la economía norteamericana, haya crecido solamente 0.3% en el primer trimestre de 2017, el nivel más bajo para ese período desde 2009, aun cuando la tasa de desempleo bajó a niveles históricos con 4.5% y las inversiones comerciales hayan crecido a un ritmo de 9.4%.
Pero por despedir a Comey para impedir el curso de una investigación federal, Trump podría ser acusado de obstrucción de la justicia, y enjuiciado.
No hay dudas. Con ambas cámaras del Congreso en manos republicanas, es difícil que los conservadores norteamericanos quieran enjuiciar a su presidente. Sin embargo, en noviembre de 2018 hay elecciones legislativas de plazo medio. Muy posiblemente, algunos republicanos, presionados por sus propios votantes, quieran seguir adelante con la investigación para no perder su asiento federal. Es muy posible que otros muchos tampoco lo quieran hacer, igualmente presionados por sus votantes. Pero si los demócratas recuperan la mayoría en el Congreso durante esas elecciones, y se comprueba que Trump obstruyó la justicia, Estados Unidos podría ver a uno más de sus presidentes sometido al impeachment. ¿Qué va a pasar entonces?… Nadie lo sabe, por ahora.
[Tomado de la revista Contacto]
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